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El Partido Castellano–Tierra Comunera (PCAS–TC) considera absolutamente inaceptable el gran número de casos de corrupción política y económica que sufre Castilla y León, los cuales implican frecuentemente a la Junta y a otras administraciones públicas, como ayuntamientos y diputaciones provinciales, y que suponen un saqueo de las arcas públicas, financiación ilegal de partidos políticos y trato de favor a empresas privadas en contrataciones de obras o adjudicaciones para la prestación de servicios.

Los castellanistas reclaman un exigente paquete de medidas que acorrale a los corruptos y a los corruptores, que apueste por la transparencia total en las contrataciones y adjudicaciones públicas y que garantice medios y controles en la gestión de los recursos públicos.

Añaden que, en este 2025, por fin ha llegado a juicio la macrotrama eólica, con sobornos por parte de grandes empresas eléctricas que se estima que podrían haber superado los 80 millones de euros, con lo que se convierte en el mayor caso de corrupción detectado hasta la fecha en la comunidad, sentando en el banquillo a 21 imputados, principalmente empresarios del sector y ex altos cargos de la Junta de Castilla y León.

Señalan también que siempre han reclamado llegar hasta el fondo de todos los casos de corrupción y que se investiguen sus causas y se depuren todas las responsabilidades políticas y judiciales pertinentes.

Así, desde el Partido se han denunciado y se ha reclamado la investigación a fondo de casos como el de la mencionada macrotrama eólica; el del Hospital de Burgos; el impacto en Castilla y León de la trama Gürtel, los Papeles de Bárcenas y la financiación ilegal del PP; la Ciudad del Medio Ambiente de Soria; las adjudicaciones y contratos de personal presuntamente irregulares en las diputaciones provinciales de León, Burgos y Salamanca; el saqueo y desaparición de las cajas de ahorro; las irregularidades en materia urbanística por parte de ayuntamientos como el de Valladolid, Las Navas del Marqués o Arroyo de la Encomienda; las ramificaciones en la comunidad de la Operación Púnica, o la presunta comisión de delitos en los cursos de formación gestionados por los sindicatos y la patronal.

“Ninguno de los grupos parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León ha apoyado las propuestas del PCAS–TC para impulsar estas comisiones de investigación en sede parlamentaria” sentencian.

El Partido Castellano–Tierra Comunera considera que la regeneración política y la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones no se podrá conseguir si no se depuran en profundidad los casos de corrupción detectados, garantizándose el castigo social, político y penal de los culpables y la recuperación de las cantidades económicas sustraídas.

Para los castellanistas son urgentes medidas eficaces de regeneración, aumentando los mecanismos independientes de control, la participación ciudadana en esa supervisión, la transparencia en las contrataciones de obras y servicios, y el acceso sin trabas a los contenidos de los expedientes administrativos.

De igual forma, la formación comunera denuncia que la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León (AICYL), que tiene como misión gestionar las informaciones de infracciones del Derecho de la Unión Europea e infracciones penales y administrativas graves y muy graves y proteger a la persona informante de estos delitos, no cuenta con una dotación presupuestaria suficiente, lo que afecta gravemente a su eficacia —algo repetidamente señalado por el Consejo de Cuentas y la prensa regional— y condiciona su capacidad preventiva y sancionadora.

Asimismo, las indicaciones y quejas del Procurador del Común son sistemáticamente ignoradas por las administraciones reprobadas.

Para el PCAS-TC, las próximas elecciones autonómicas serán “una excelente oportunidad para que la ciudadanía castellana pronuncie con su voto un no rotundo a las prácticas corruptas y clientelares que los partidos mayoritarios han implantado en las administraciones”.

En este momento de esperanza para el futuro de la comunidad, desde el PCAS–TC reafirman su firme compromiso de luchar con todas nuestras fuerzas para erradicar y perseguir la corrupción política y económica, apostando por estas medidas concretas de vigilancia y regeneración:

– Fortalecer y dotar presupuestariamente la AICYL para que tenga poder real de inspección, investigación y protección de denunciantes; dotación estable, plantilla técnica y acceso a registros administrativos.

– Transparencia absoluta en la contratación pública, con publicación obligatoria y en formato reutilizable de todos los contratos, pliegos, adjudicaciones y criterios de valoración; auditorías aleatorias independientes. Esto reducirá las adjudicaciones a dedo y facilitará la detección ciudadana de posibles irregularidades.

– Canal de denuncias con procedimiento anónimo y/o protegido para funcionarios y empresas que denuncien irregularidades, protección laboral y legal, y respuesta y seguimiento públicos.

– Auditorías externas periódicas independientes de los contratos de obra y concesiones, así como rotación de responsables y cargos sensibles, evitando vínculos prolongados que faciliten el clientelismo.

– Contratación por concurso público con criterios objetivos y control de posibles conflictos de intereses. Declaración patrimonial pública y de conflictos de intereses para cargos con poder de decisión; incompatibilidades y sanciones claras.

– Sanciones administrativas rápidas y coordinación judicial para casos graves. Multas e inhabilitaciones administrativas que no dependan únicamente de la sentencia penal; coordinación entre tribunales y fiscalías anticorrupción para acelerar las causas relevantes.

– Medidas sobre financiación y transparencia de los partidos: auditorías de financiación y gastos de campañas, límites y trazabilidad de donaciones, y sanciones públicas por incumplimiento.

– Fiscalización ciudadana y acceso a la información, facilitando que ONG y medios accedan a datos y que las universidades realicen investigaciones independientes (mapas de riesgo por sector y provincia).

– Formación y ética en la Administración, con formación obligatoria en prevención de corrupción para altos cargos y responsables de contratación, y códigos de conducta claros.

– Unidades anticorrupción locales y coordinación policial y judicial, con equipos especializados en las fiscalías que conozcan el tejido local y empresarial de la comunidad para investigar redes complejas (por ejemplo, adjudicaciones en energías renovables).

Como señala Luis Marcos, secretario general del PCAS–TC: “Estas medidas constituyen un programa integral de regeneración institucional y prevención de la corrupción orientado a reforzar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Su naturaleza es estructural y preventiva, pues buscan tanto fortalecer las capacidades de investigación y sanción como fomentar una cultura ética en la gestión pública, basada en la transparencia, la fiscalización ciudadana y la protección de los denunciantes de posibles irregularidades. En su conjunto, pretenden garantizar una administración más limpia y responsable, reduciendo el clientelismo crónico, los conflictos de intereses y la impunidad política y económica de corruptos y corruptores”.