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El TSJCyL imputa al ex alcalde de Medina del Campo por la licitación irregular de una obra

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado seguir la causa contra el procurador del PP y ex alcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, a fin de juzgarle como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa por la ilegal adjudicación en 2008 del proyecto denominado 'Rotonda de acceso a la zona industrial' por importe de 324.531 euros.


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La Sala de lo Civil y Penal de TSJCyL, que en su momento se declaró competente para enjuiciar la causa, dada la condición de aforado del exregidor medinense, entiende a través de un auto, contra el que cabe recurso de reforma, que los hechos podrían constituir sendos delitos de prevaricación, fraude y falsedad, respectivamente previstos y sancionados en los artículos 404, 436 y 398 del Código Penal, y acuerda incoar diligencias previas contra Crescencio Martín Pascual; el que fuera concejal de Urbanismo y Obras, Francisco Javier Rodríguez Herranz; el representante legal de Construcciones Hermanos Sastre, Silicio Sastre, y el ingeniero autor del proyecto y director de la obra, Julián Alonso Chillón, según informan fuentes del TSJCyL.

Próximas declaraciones en el Tsjcyl

En su auto, el magistrado instructor Antonio César Balmori Heredero anuncia igualmente su propósito de recibir declaración, en calidad de imputados, a los cuatro indicados, en las fechas y horas que sean señalados por el secretario. Por contra, la Sala del Alto Tribunal castellanoleonés ha resuelto sobreseer provisionalmente las diligencias contra los entonces concejales José Luis Fuertes García, David Blanco Valmaseda, Andrés Manuel Serrano González, Diego Cebrián Ferrero, Silvia Pérez García y Virginia Serrano Rodríguez, así como contra el secretario municipal Miguel Ángel Malagón Santamarta, el inspector municipal de Obras Enrique Gómez Rioja, el arquitecto ténico Jesús Carlos de la Fuente y el representante legal de Contratas y Obras Enricar S.L, Enrique Carlos Prieto, quienes habían declarado hasta ahora en calidad de imputados. En su momento, Fiscalía de Valladolid entendió que, dada la condición de procurador de Martín Pascual, debía ser remitida íntegramente al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la causa en la que se investigan hechos que se remontan a noviembre de 2008, cuando el que fuera regidor de la villa, Crescencio Martín Pascual, dictó un decreto por el que aprobó el proyecto denominado 'Rotonda para acceso a la zona industrial' situada en el kilómetro 2,500 de la carretera C-112, entre dicha localidad y Olmedo, con un presupuesto base de licitación de 324.5321,30 euros.

Inicio de obras sin estar adjudicadas

Expirado, el 8 de julio de 2009, el plazo para la presentación de ofertas, al concurso se presentaron siete, entre ellas Construcciones Hermanos Sastre, y aunque formalmente las obras no fueron adjudicadas a ninguna de ellas en agosto de ese mismo año la empresa Enricar S.L, subcontratada por el empresario Silicio Sastre, comenzó los trabajos en la zona de actuación, tal y como pudo comprobar, sorprendida, la representante de Excavaciones Viñas Torres, Elena Viñas, precisamente una de las sociedades licitadoras. Lo sucedido fue puesto entonces en conocimiento del Ayuntamiento medinense, ante lo cual el 24 de agosto el entonces alcalde convocó una Mesa de Contratación cuyos integrantes, a la vista de los hechos y de que se habían vulnerado los principios de libre y pública concurrencia, decidieron no efectuar propuesta de adjudicación alguna y, además, ordenar la apertura de una investigación que para saber por qué se habían iniciado las obras. Sin embargo, no sólo no se abrió pesquisa alguna sino que el 2 de noviembre de ese mismo año Construcciones Hermanos Sastre tomó directamente ya las riendas de la obra y continuó con los trabajos que inicialmente, y por encargo de ésta, había comenzado Enricar S.L. Las obras fueron recibidas veintiocho días después por el Ayuntamiento de Medina, mientras que el 15 de diciembre Construcciones Hermanos Sastre emitió una factura por importe de 324.531,30 euros cuyo pago, a pesar de los informes en contra del arquitecto técnico y de la interventora municipales, fue autorizado por la Junta de Gobierno, de 30 de diciembre de 2009, presidida por Martín Pascual. "No consta que los acuerdos tomados estuviesen precedidos de la más mínima discusión o debate, ni que se consultase o pidiese informe al secretario del Ayuntamiento ni que éste, por tanto, emitiera informe, opinión o recomendación alguna", advertía la acusación pública, que calificó también de "sorprendente" el hecho de que el importe abonado a Construcciones Sastre es el mismo precio base de licitación cuando la oferta económica que presentó la mercantil al inicio del proceso fue de 308.272,20 euros, es decir, 16.259 euros menos. "Todos los hechos son inobjetables y constan documentados y reconocidos. Su mera lectura, la cadena de irregularidades que de ella resulta es tan abrumadora que la pretensión de reducir lo ocurrido al campo de las meras irregularidades administrativas no parece que tenga una base mínimamente sólida", censuraba la Fiscalía de Valladolid. Dicho departamento resumía que lo sucedido es que lo ocurrido el 30 de diciembre de 2009, fecha de la reunión de la Junta de Gobierno del Consistorio medinense, "no fue más que la culminación lógica y anunciada de un cúmulo de acciones y omisiones a través de las cuales se procedió a adjudicar, de facto, un contrato de ejecución de obra pública, al margen de cualquier procedimiento legal y, literalmente, pasando por encima del ya iniciado, lo que constituye un acabado ejemplo de desprecio absoluto a la legalidad vigente y a los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidad" y que lesionó los intereses y derechos de los aspirantes a la licitación y a las arcas municipales.

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