El PSOE exige a la Junta consensuar con la comunidad educativa un protocolo que establezca con claridad los criterios a seguir de cara al inicio del curso escolar

• Denuncia a poco más de un mes del inicio del curso escolar, la Consejería de Educación tan solo ha elaborado una normativa generalista en la que no recoge normas claras y concretas sobre cómo ha de actuar el personal docente y no docente de los centros educativos

Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas

Los Procuradores y Procuradoras Socialistas por la provincia de Valladolid, Luis Fernández Bayón, Patricia Gómez Urbán, José Francisco Martín Martínez, Laura Pelegrina Cortijo, Pedro González Reglero e Isabel Gonzalo Ramírez,  denuncian que a poco más de un mes del inicio del curso escolar 2020-2021, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León tan solo ha elaborado una normativa generalista en la que no recoge normas claras y concretas sobre cómo ha de actuar el personal docente y no docente de los centros educativos. “Han sido los propios equipos directivos los que han tenido que crear los equipos de coordinación covid y cumplimentar un protocolo estándar con las medidas que ellos creen que deben llevar a cabo en su centro, en una clara muestra de la nefasta gestión de la Consejería de Educación”, lamentan.

“La consejería de educación ha trasladado la responsabilidad a los y las docentes de mantener la seguridad y salud de la comunidad educativa, lavándose las manos en este asunto. Haciendo que estas personas, sin formación sanitaria y sin conocimientos sobre salud pública, tomen decisiones sobre la organización de los centros escolares para evitar contagios, que no son de su competencia”.

“A escasas semanas del inicio del nuevo curso escolar, los centros desconocen además si esos protocolos que han tenido que elaborar, prácticamente a ciegas, son válidos, y si se llevará a cabo por parte de la Junta la correspondiente inspección o control, o si el por el contrario, cada centro funcionará con unas normas distintas”, subrayan los Procuradores vallisoletanos, para los que esta situación “es inadmisible y una muestra más de la nula capacidad de gestión de la Consejera de Educación, Rocío Lucas”.

“A día de hoy, Educación no ha establecido tampoco el protocolo a seguir en caso de que se detecte un brote en un centro educativo y no ha establecido los criterios para organizar los denominados grupos burbuja que permitirán que los alumnos estén separados, pero tampoco se ha indicado cómo gestionar el hecho de que los docentes entren en las distintas aulas a impartir sus clases a distintos grupos”, subrayan. “No puede pasar ni un día más, sin que la señora Lucas y su equipo establezcan un protocolo claro y completo para un inicio del nuevo curso escolar con todas las garantías para el alumnado, los y las  docentes y el resto de trabajadores y trabajadoras de los centros escolares”, sentencia.

Para los procuradores socialistas, “es indispensable reducir las ratios de alumnos por aula, como en su día la Junta prometió y sigue sin llevar a cabo, e incrementar las plantillas de docentes. Pero la Consejería ha de explicar también cómo va a garantizar la separación del alumnado si las aulas y los espacios en los centros son los mismos”.

“Los equipos directivos de los centros están desconcertados, no tienen información clara, ni se ha contado con la comunidad educativa para conocer su opinión sobre cómo establecer la mejor organización posible de cara al nuevo curso”, denuncian. “Una vez más, los y las docentes y todo el personal de los centros, están abandonados a su suerte por la Consejería y, como ocurrió durante los meses de confinamiento, están supliendo con su gran profesionalidad y su buen hacer, las carencias de las que la Junta pretende desentenderse”.

En otro orden de cosas, los socialistas lamentan que la Junta quiera volver a imponer sobre las espaldas de los Ayuntamientos nuevas cargas en cuanto al mantenimiento de los centros se refiere. “Aún sin establecer un protocolo claro, la Junta pretende que sean los Ayuntamientos quienes asuman las labores de limpieza y desinfección que se pretenden implantar a mayores de las que ya se realizan, con el elevado coste que ello supone y el esfuerzo presupuestario que supondrá para los Ayuntamientos”. “Las ayudas anunciadas a la Junta aún no han sido comunicadas a los Ayuntamientos que viven en la misma situación de desconcierto que la comunidad educativa, sin saber qué actuaciones tendrán que llevar a cabo en las instalaciones. Y todo ello a un mes del inicio del curso escolar”, concluyen.