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El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) exige una moratoria inmediata al cierre de escuelas rurales y denuncia la desaparición de miles de ellas en Castilla y León durante las últimas décadas. La formación califica el desmantelamiento de la red educativa rural como “uno de los mayores fracasos de la democracia y la causa principal de la despoblación, el declive económico y la pérdida de identidad en la región”.

Los castellanistas acusan a la Junta de aplicar criterios puramente cuantitativos, económicos y estadísticos (propios de una empresa privada) para clausurar aulas, en lugar de valorar su rentabilidad social y territorial. El PCAS-TC critica que la administración presente los cierres como una consecuencia inevitable de la falta de alumnado, cuando en realidad se trata de un círculo vicioso: la retirada de servicios públicos obliga a las familias a marcharse, lo que luego se usa como excusa para seguir eliminando prestaciones. Asimismo, recrimina la pasividad de las diputaciones provinciales y la gestión de los gobiernos del PP y VOX.

El partido defiende que la escuela rural “no es solo un centro educativo, sino el motor de la convivencia comunitaria, la conciliación y el arraigo de nuevas familias y negocios”. Desde el punto de vista pedagógico, destaca el valor de las aulas multigrado por su atención personalizada y cooperación entre edades.

En el plano cultural, la considera un espacio indispensable para transmitir la historia local (como la de los Comuneros), las tradiciones y la identidad castellana a las nuevas generaciones.

El PCAS-TC señala que este problema es estructural y actual, ejemplificándolo con los cierres previstos para el curso 2026-2027 en localidades salmantinas como Martiago, Aldea del Obispo y Valero, que se encuentran abocadas al cierre por no alcanzar el número mínimo de matrículas exigido, mientras que San Muñoz ha permanecido durante semanas en una situación de incertidumbre hasta lograr reunir alumnado suficiente para mantener abierta su aula.

Estos casos se suman a una larga lista de municipios afectados en las nueve provincias de la comunidad. como Boada, Mogarraz, San Martín, Estébanez de la Calzada, Carucedo, Calamocos, Congosto, Oseja de Sajambre, Huerga de Garaballes, Villar de Mazarife, Fuentespreadas y Ferreruela, además de otros muchos repartidos por las nueve provincias de Castilla y León, datos que la Consejería de Educación de Castilla y León intenta ocultar y que solo por la presión de los vecinos salen en ocasiones a los medios de comunicación. En 2021 llegaron a desaparecer trece colegios rurales en la Comunidad, afectando a siete provincias distintas, lo que evidenció que el problema era estructural y no coyuntural.

Es un círculo vicioso, inciden. “Primero desaparecen los servicios. Después se marchan las familias. Finalmente se utiliza esa pérdida de población como argumento para seguir eliminando servicios. Ese modelo ha fracasado. Y quienes lo han impulsado durante décadas deben asumir su responsabilidad política.

“Cada año se anuncian nuevas estrategias demográficas. Nuevos planes. Nuevas comisiones. Nuevos informes. Pero los pueblos siguen perdiendo habitantes. Y las escuelas siguen cerrando. No basta con pronunciar discursos sobre la España vaciada. Hay que garantizar servicios públicos. Hay que invertir. Hay que creer en el mundo rural”, inciden.

Para revertir esta situación, proponen un Pacto Castellano por la Escuela Rural que involucre a todas las instituciones y agentes sociales, articulado en las siguientes medidas:

• Aprobación de una Ley de Protección de la Escuela Rural para evitar cierres basados solo en números.
• Flexibilización de las ratios mínimas de alumnado en zonas despobladas.
• Incremento del profesorado itinerante y especialistas, junto con incentivos profesionales para los docentes en el medio rural.
• Conexión digital de alta capacidad y equipamiento tecnológico equivalente al urbano.
• Coordinación de la política educativa con planes de vivienda, natalidad y empleo.

Para los castellanistas, la igualdad territorial no consiste en tratar igual a quienes viven realidades diferentes si no que consiste en ofrecer más apoyo precisamente allí donde existen mayores dificultades. Por eso los castellanistas denuncian también la pasividad de muchas diputaciones provinciales, que durante años han asumido como inevitable el deterioro del medio rural sin ejercer el liderazgo institucional que Castilla necesita. “Las diputaciones deberían ser las primeras defensoras de cada escuela rural. Las primeras en movilizar recursos. Las primeras en reclamar financiación. Las primeras en apoyar a las familias. Sin embargo, demasiadas veces han preferido administrar la decadencia antes que impulsar la esperanza. Castilla merece mucho más. Merece administraciones valientes”, han reflexionado. Castilla “merece instituciones que crean en sus pueblos. Merece gobiernos que comprendan que el futuro no se construye únicamente en las grandes ciudades”.

El PCAS-TC quiere realizar un llamamiento a la sociedad para defender las escuelas como la inversión de futuro más eficaz contra la despoblación, rechazando la resignación y apostando por la igualdad territorial y la dignidad de los pueblos de Castilla.