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El partido castellano urge el cese de Tomás Villanueva como máximo responsable de la corrupción en ADE Parques

Los castellanistas denunciaron presuntos delitos en la adquisición de terrenos para Polígonos Industriales como el de Portillo y el Canal de Castilla entre otros a través de empresas intermediarias, con incremento del 500% en el precio inicial de los terrenos. 

Pueblosycomarcas.com

El Partido Castellano – Tierra Comunera (PCAS-TC), ante la instrucción de diligencias penales tanto por la Fiscalía de Valladolid como por parte del Juzgado nº 2 de Valladolid por la presunta comisión de varios delitos en la gestión de las antiguas Empresas Públicas de Castilla y León adscritas a la Consejería de Economía, reclama a Juan Vicente Herrera el cese inmediato del Consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva y de la Viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo, Begoña Hernández, “como responsables políticos de la creación y gestión de estas empresas públicas desde prácticamente su constitución, y de la corrupción en las mismas”.

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid sobre operaciones inmobiliarias realizadas por ADE Parques han llevado al juez a investigar el patrimonio personal de 13 personas sospechosas de enriquecimiento ilícito, entre ellas Rafael Delgado, que entre 2003 y 2011 fuera Secretario General y Viceconsejero de Economía. Dicha actuación instruye una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el desorbitado precio abonado por ADE Parques por terrenos rústicos para el Parque Empresarial de Portillo, que reportó a los vendedores una plusvalía superior a 20 millones de euros.

Según señala la nota de prensa emitida por la formación regionalista, la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) ha encontrado conexiones entre los beneficiarios del pelotazo urbanístico y el sobrecoste del alquiler y posterior adquisición por ADE Parques de la Sede de la Agencia de Desarrollo Económica en Arroyo de la Encomienda Gesturcal, por 52 millones de euros, muy por encima de su valor real y donde la UDEF aprecia vulneración reiterada de las normas de procedimiento administrativo en lo concerniente al edificio de Arroyo, actual sede de la Agencia de Desarrollo Económico.

También investiga el Juzgado a Alberto Esgueva, hasta 2006 consejero delegado de Excal y director de creación de empresas, internacionalización y servicios de ADE, uno de los vendedores de los terrenos de Portillo, y accionista en cuatro empresas de energía eólica con Germán Martín Giraldo, administrador mancomunado de Urban Proyecta PM 3, la inmobiliaria de Parqueolid que realizó el alquiler y venta del edificio de Arroyo.

PCAS-TC critica que el Presidente de la Junta de Castilla y León, no reconozca ni actúe ante la corrupción en la gestión de las Empresas Públicas de Castilla y León, que además ha sido denunciada por los informes del Consejo de Cuentas y del Consejo Consultivo, e investigadas por la posible comisión de delitos, por la administración de Justicia, y que sea incapaz de abordar una Auditoría en las cuentas y en la gestión de estos organismos, cuya pésima gestión ha costado más de 400 millones de euros a los contribuyentes de la comunidad autónoma. 

Los castellanistas, denunciaron ante la Fiscalía General de Castilla y León, irregularidades descritas por el Consejo de Cuentas de Castilla y León por vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público, incumpliendo los criterios mínimos de solvencia y valoración de las ofertas presentadas en los pliegos. En muchos casos no hubo pliego de condiciones y coinciden los objetos de la contratación en muchos contratos menores, por lo que probablemente fueron deliberadamente troceados. Según el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) los informes, son "demoledores" y cuestionan la gestión de las Empresas Públicas de Castilla y León, al no respetar los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en la contratación de obras y servicios,
en los sistemas de selección de su personal, y sembrando sospechas sobre la
concesión de ayudas y subvenciones que han practicado y practican. Basta recordar que en el periodo auditado 2010-2011, estas Empresas Públicas realizaron 300 contratos por importes cercanos a los 270 millones de euros.

Estos hechos, para el PCAS, pueden ser constitutivos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación. Posteriormente, los castellanistas ampliaron su denuncia, por presuntos delitos en la adquisición de terrenos para Polígonos Industriales (como Portillo y Canal de Castilla entre otros), a través de empresas intermediarias, con incremento del 500% en el precio inicial de los terrenos. También han denunciado la irregular absorción de las Empresas Públicas a la Junta de Castilla y León, mediante su incorporación a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, con el despido de empleados que llevaban más de veinte años de ejercicio profesional, y la funcionarización de trabajadores de menor experiencia, sin prueba selectiva previa y con salarios que en algunos casos superan los 6000 euros mensuales. El PCAS considera también presuntamente delictivo, la utilización de estas Empresas Públicas durante los últimos años para la realización de actuaciones ajenas a sus fines, sorteando la legislación, y generando una deuda de 400 millones de euros, que ahora deberá ser asumida por la Administración regional, premiando a los nefastos gestores de estas empresas con aumentos de salarios y su incorporación automática, sin oposición, en la nueva Agencia de Innovación de la Junta de Castilla y León.

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