El Grupo Socialista preguntará en el pleno de este jueves por la situación de los bomberos de Arroyo

  • Los socialistas dicen que les “resulta preocupante” el hecho de que de los 36 efectivos que hay actualmente, 29 hayan firmado un escrito de queja

Francisco Ferreira, portavoz del Grupo Provincial Socialista.

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El Grupo Provincial Socialista formulará una pregunta en el próximo pleno corporativo, que se celebrará este jueves 23 de septiembre de manera presencial, sobre la queja firmada por 29 de los 36 bomberos del parque de Arroyo de la Encomienda. En el escrito, los trabajadores exigen que las intervenciones que revistan peligro para los ciudadanos deben ser atendidas por «todo el personal de turno» y también piden que «cesen las presiones de la jefatura», según el escrito de firmas.

Para el portavoz del Grupo, Francisco Ferreira, “es muy preocupante que nuestros bomberos, que son ejemplo de profesionalidad y compromiso en su trabajo, hablen de presiones por parte la jefatura”.

Los socialistas señalan que “al capricho de hacer deprisa y corriendo un parque de extinción de incendios en Arroyo de la Encomienda se le están abriendo permanentemente las costuras; esta es una más”. Recuerdan también que lo que piden estos profesionales “estaba asegurado en el convenio que se tenía suscrito con el Ayuntamiento de Valladolid, que dotaba cada salida con 6 bomberos como mínimo, 8 en casos de tráfico y 14 cuando había que actuar en viviendas e industrias”, recalcan.

También han hecho un cálculo de lo que está suponiendo la gestión económica de este parque de Arroyo de la Encomienda. Según Francisco Ferreira, “ya se ha superado con creces” el importe de 1,2 millones de euros que costaba el convenio con el consistorio vallisoletano. Y además advierten los socialistas de que “ya estamos en septiembre y la cuenta final habrá que hacerla a final de año”. Por tanto, creen, “el servicio es peor para el alfoz y más caro para la Diputación”.

El portavoz, por su parte, critica que “si esto sigue así, es probable que alguien tenga que irse a su casa, porque está claro que no sirve para gestionar lo público”. Y concluye reflexionando que “la provincia tiene otras necesidades y carencias y no se pueden tirar millones de euros por caprichos o cabezonerías”.