El Grupo Provincial Socialista censura el uso excesivo de contratos menores en la Diputación

  • Los socialistas han constatado que hay un 88% de este tipo de contratos en los dos primeros trimestres de este ejercicio

Francisco Ferreira, portavoz del PSOE en la Diputación de Valladolid.

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El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid denuncia que la Institución Provincial “se ha excedido” en el número de contratos menores firmados en las diferentes áreas en que se divide la Institución. Tras analizar el informe de la Comisión de Control del primer semestre del año, los socialistas han comprobado que los denominados ‘contratos menores’ (los de adjudicación directa) suponen más de un 88% del total; “han sido nada menos que 607 de los 687 que se han rubricado”, declaran.

Explican que la Diputación de Valladolid, en la sesión plenaria celebrada el 15 de julio de 2016, aprobó por unanimidad que tanto la Diputación como Sodeva tendrían la obligación de solicitar oferta al menos a tres empresas distintas antes de su adjudicación directa. “Se está incumpliendo sistemáticamente con ello, y eso constituye una ilegalidad”, reprocha el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira.

A este respecto, el PSOE añade que en las bases de ejecución del presupuesto de 2021 se contempla también este acuerdo. El Grupo apunta a que ese texto dice que “para los contratos menores con un importe superior a 1 000 euros hay que solicitar ofertas al menos a tres empresas cualificadas”.

El portavoz, Francisco Ferreira, también se pregunta “cómo es posible que se esté dando esta situación, cuando la Diputación creó para esta legislatura un área específica de Contratación, supuestamente para controlar estas prácticas”. Y aconsejan a la Institución Provincial “licitar anualmente algunos de estos contratos con los que se cuenta de antemano, como pueden ser los de servicio de cocina de los centros asistenciales”.

El PSOE cree que la Diputación Provincial de Valladolid “ha de ser ejemplarizante en materia de contratación”. Y concluye Francisco Ferreira: “no parece muy lógico que el PP de Valladolid, que gobierna en esta Institución, incumpla con esta norma y, por otro lado, traslade estas exigencias de forma tan agresiva a los ayuntamientos en los que no está gobernando, como Aldeamayor de San Martín y Mojados”.