El Grupo Provincial Popular reclama del gobierno de España el mantenimiento de los registros civiles y los juzgados de paz
- Los populares entienden que pueda haber casos puntuales en los que el cierre de algún Juzgado de Paz y del Registro Civil pueda ser lógico y razonable, pero la inmensa mayoría de los Registros Civiles y Juzgados de Paz suponen un servicio esencial por el que las administraciones
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El Grupo Provincial Popular ha presentado una proposición para su debate en el próximo pleno de la Institución Provincial a celebrar el próximo viernes 20 de diciembre reclamando al Gobierno de España en funciones que adopte las medidas necesarias, antes del 30 de junio de 2020, para preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito y garantizar el acceso a todos los ciudadanos.
El 21 de julio de 2011 se promulgó la Ley 20/2011 del Registro Civil, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La importancia del Registro Civil demanda la adopción de un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad política, social y sobre todo tecnológica de la sociedad española.
La complejidad de dicha Ley y el cambio radical respecto al modelo anterior han dificultado su implantación y han conllevado varios aplazamientos de su entrada en vigor, a lo largo de los últimos años, con excepción parcial de algunos preceptos ya en aplicación.
A pesar del reconocimiento en la Constitución Española del Estado de las Autonomías y que uno de los logros de éste, junto al enorme proceso de mejora en la prestación de servicios de los ayuntamientos, ha sido el acercamiento a la población rural de servicios que se venían disfrutando solo en los grandes municipios, parece ser la intención de algunas administraciones concentrar ciertos servicios esenciales en grandes ciudades, alejándolos de sus ubicaciones actuales en pequeños o medianos ayuntamientos.
Uno de esos servicios, importante y necesario en todos los lugares y que hasta la fecha se ha mantenido cercano a la población de los pequeños pueblos, cuya población lo entiende y asume como propio e indispensable, es el del Registro Civil.
Las mismas administraciones que dicen luchar contra el despoblamiento y el acercamiento de servicios a la población de los ayuntamientos más pequeños no predican con el ejemplo y aprueban leyes que siguen caminos contrarios.
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, dispone la transformación del servicio que prestan los Registros Civiles en las denominadas “Oficinas Generales del Registro Civil” y abre la puerta al cierre de los Juzgados de Paz, entre otras cosas.
El Grupo Provincial Popular entiende que pueda haber casos puntuales en los que el cierre de algún Juzgado de Paz y del Registro Civil pueda ser lógico y razonable y no afecte al servicio que reciben los ciudadanos. Pero la inmensa mayoría de los Registros Civiles y Juzgados de Paz suponen un servicio esencial por el que las administraciones hemos de velar e intentar conservar su espíritu de cercanía y gratuidad.
Por todo lo anterior, someteremos a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
- La Diputación Provincial de Valladolid reclama del Gobierno de España en funciones que adopte las medidas necesarias, antes del 30 de junio de 2020, para:
- a) Preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito.
- b) Garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos.
- Dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno en funciones, a la Ministra de Justicia en funciones y a los Portavoces del Grupos Parlamentarios en Congreso y Senado.