Dos detenidas por un delito de trata de seres humanos para explotación sexual y por prostituir a seis mujeres en un club de alterne de la provincia de Valladolid

  • Engañadas con un falso contrato de trabajo
  • Facilitaban cocaína a las mujeres para incentivarlas
  • Situación de insalubridad en el club
  • Habitaciones con candados para evitar la huida de las víctimas

 

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La investigación se iniciaba en el mes de junio del año en curso, cuando una víctima de explotación sexual, lograba huir de un club de alterne situado en un municipio de la provincia de Valladolid contactando con la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Valladolid.

La víctima relataba cómo fue captada y engañada por sus explotadoras en otra provincia mediante la falsa promesa de un puesto de trabajo como camarera en el club, siendo además una de de las proxenetas la encargada de orquestar su traslado hasta las instalaciones del mismo.

Al llegar al club la víctima comprobó que la promesa laboral no existía y se le exigió ejercer la prostitución sometida a las directrices de sus explotadoras, viéndose abocada a ello para lograr subsistir como consecuencia de su situación de vulnerabilidad y necesidad, estando obligada a entregar a sus explotadoras una cantidad de dinero fijo por cada servicio sexual que realizaba con los clientes del club.

Cuantos más servicios sexuales realizara con clientes más enriquecimiento exponencial lograrían sus explotadoras, las cuales le facilitaban cocaína como “incentivo” cuando el número de clientes atendidos era satisfactorio. De esa forma las explotadoras lograban aumentar la dependencia y control sobre las víctimas.

CONTROL ABSOLUTO SOBRE LAS MUJERES

Las normas impuestas por las proxenetas a las mujeres en el club eran: disponibilidad absoluta, debiendo estar «trabajando» en el club todos los días de la semana a partir de las 18:00 sin hora de finalización, a menudo hasta el amanecer; obligación de «trabajar» aunque se encontrasen enfermas o indispuestas; obligación de entregar a una cantidad fija por cada servicio sexual que realizaran independientemente de su importe; obligación de entregar a sus explotadoras la mitad del importe de las consumiciones de cada cliente y restricciones en las salidas del club.

La situación de insalubridad se extendía a todo el club, las condiciones de habitabilidad del lugar eran denigrantes, carecían de luz y agua caliente, disponiendo de un generador y una estufa de leña en la sala que llenaba de humo el inmueble, debiendo calentar agua en cazos para asearse y careciendo de cualquier medida de higiene, por lo que convivían incluso con plagas de insectos.

Cuando las proxenetas, la regente del club o bien su lugarteniente, se ausentaban del mismo las mujeres permanecían encerradas en el interior con cadenas y candados para evitar su huída. No siendo permitido salir sin autorización y supervisión de sus explotadoras, y únicamente disponían de un mínimo tiempo imprescindible para comprar víveres.

Además la regente del club empleaba de manera reiterada amenazas y coacciones, como mecanismos de control sobre las mujeres, infundiendo temor haciéndolas creer que contaban con influencias entre las autoridades para poder perjudicarlas o deportarlas a su país de origen, llegando a agredir físicamente a las víctimas.

En el marco de la operación policial denominada PAPAYA y al objeto de la liberación de las víctimas y detención de las presuntas responsables se solicitó mandamiento de entrada y registro al Juzgado instructor, y tras ser autorizado, se materializaba la diligencia de entrada y registro en el club siendo detenidas dos mujeres.