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Detenidos tres integrantes de un clan familiar como presuntos estafadores de más de 800.000 euros

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  • Los afectados por el fraude son la Seguridad Social y el SEPE
  • Los trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social, si bien nunca se abonaban las cuotas estipuladas para tal efecto, por lo que el beneficio neto del autónomo intermediario es del cien por cien

Pueblosycomarcas.com@PueblosComarcas

La Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo,  en el marco de la operación «MINGUELA», ha detenido el 22 de enero a tres personas pertenecientes a un clan familiar como presuntos autores de los delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y estafa.

La investigación se inició en el mes de agosto del año pasado fruto de la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social  y otros organismos públicos y se centró en un clan familiar, el matrimonio y su hijo mayor de edad, los cuales eran meros intermediarios, que a través de la figura de un empresario individual autónomo, proporcionaban a los agricultores de la provincia de Valladolid mano de obra para el campo.

Los trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social, si bien nunca se abonaban las cuotas estipuladas para tal efecto, por lo que el beneficio neto del autónomo intermediario es del cien por cien, entregando a estos jornaleros un salario mísero por jornadas maratonianas.

«MODUS OPERANDI»

Este grupo comienza su andadura empresarial en el año 2013, con la creación de la primera de diez sociedades dedicadas a la actividad de apoyo a la agricultura.

En su inicio, las empresas individuales figuran a nombre de los dos cabecillas. Cuando la deuda generada por ambos es muy elevada y comenzaban a recibir requerimientos de pago, creaban un entramado de empresas a nombre de allegados o familiares.

Estos nuevos empresarios en realidad ocupan la figura de falsos autónomos (testaferros). La empresa individual desarrollaba la misma actividad, mismos clientes, domicilios y responsables. Era el matrimonio quienes dirigían la actividad, contratando agricultores, cobrando salarios, organizando el trabajo y siendo reconocidos como «jefes», aunque legalmente no figuren como tal. Mientras el testaferro sigue faenando la tierra como hasta el momento.

Con este modus operandi crearon un total de diez empresas que les permitía mantener su actividad hasta la actualidad, las mismas se forman sucesivamente en cascada y había un trasvase evidente de trabajadores entre todas ellas. Al generar una abultada deuda se abre la siguiente, consiguiendo así una nueva empresa «limpia» con la que continuar la actividad empresarial.

La deuda generada engloba también las cuotas de autónomos de los nuevos empresarios, las cuales no eran cubiertas. Ascendiendo la deuda total a casi 800.000 euros.

Los cabecillas también se daban de alta como empleados de sus propios testaferros para generar una vida laboral inexistente y solicitar prestaciones públicas por desempleo, detectándose el cobro de más de 40.000 euros entre ambos.

En el último año y siendo conscientes del volumen del entramado creado, entra en juego el hijo de ambos, quien ocupa también la figura de testaferro, si bien se mantiene al corriente de pago, de este modo compaginaban una empresa con deuda con otra «limpia» para asegurarse poder presentar certificados sin deuda en todo momento.

La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Inspección de Trabajo.

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