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Cs Simancas presenta una moción para que los ayuntamientos puedan afrontar la crisis y no sean intervenidos por el Gobierno Central

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  • El Grupo Municipal pretende que el Gobierno de España modifique la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la situación

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El Grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Simancas ha presentado una moción para que el gobierno de España permita a las administraciones locales afrontar la crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid-19, además de un compromiso por escrito de que el Gobierno Central no intervendrá los ahorros de los ayuntamientos.

El portavoz del Grupo en el Consistorio, Roberto Zurro, ha explicado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) contempla, en la evolución del PIB, que en 2020 caerá entre el 8,9% y el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021.

Es decir, la AIReF, en el mejor de los casos, “contempla una caída en 2020 similar a la del Gobierno, pero en su escenario más duro contempla una recesión 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo”, ha matizado Zurro, al tiempo que ha añadido que “la AIReF no espera un rebote tan importante limitando al 5,8% el crecimiento de 2021 en el mejor de los casos, un punto menos que la del Gobierno, que en otro escenario de la AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior”.

“El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021”, ha explicado el portavoz de Ciudadanos en Simancas, donde decía que “España crecía de manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”. “Como es obvio, estos datos actualmente no son válidos”, ha lamentado Zurro.

La realidad, según muchos expertos, es que el paro superará el 30%, provocando una caída de la recaudación del IRPF. “A estos datos hay que sumarle que en los dos meses del estado de alarma el gobierno no ha pagado a más de 700.000 trabajadores que están en situación de ERTES”, ha puesto de manifiesto Zurro.

“Sin lugar a dudas tenemos que ayudar a nuestra sociedad pero con medidas efectivas que no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis”, ha asegurado Roberto Zurro, quien también ha manifestado que “los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios medios humanos, materiales y económicos a rescatar a la población”.

La moción presentada por Ciudadanos recuerda que mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros.

Sin embargo, y asumiendo el contexto actual, para Zurro “este Real Decreto-ley, deja muchas dudas sobre el destino del superávit de 2019 de los Ayuntamientos”.

Se puede destinar a gastos sociales asociados al COVID el 20% del remanente de superávit una vez cumplidas las obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, y de acuerdo con el documento emitido por la La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la disponibilidad para la aplicación del 20% del superávit asociado a la lucha contra el COVID no es suficiente, de manera que, como ha asegurado Zurro “es necesaria una flexibilización de la regla de gasto”.

“El temor añadido de los alcaldes”, según ha manifestado el portavoz de Cs, “es que el Gobierno de PSOE y Podemos pretenda hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él”.

Por todo ello, la moción del Grupo Municipal Ciudadanos solicita instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiara para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social, solicitar su compromiso por escrito para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos y dar cumplimiento a los acuerdos de la FEMP a establecer una colaboración en la recuperación de los sectores económicos y sociales apoyando las actuaciones consensuadas junto al Gobierno y otras Administraciones Públicas.

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