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CCD rechaza el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado

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  • Por lo que es una muestra evidente de la politización de la Justicia al servicio de los intereses particulares del PSOE de Sánchez
  • Para la formación, la estrategia de su nombramiento revela el diseño de una arquitectura, cuyo armazón se fragua de cara a dar solución a los aspectos más candentes del “procés”, con el vasallo ánimo de satisfacer las exigencias de ERC

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Coalición de Centro Democrático rechaza el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. A través de un comunicado de prensa, desde CCD se señala que las instituciones que representan la neutralidad del Estado ante los ciudadanos, que identifican y acaparan la voluntad general, han de estar al servicio del interés nacional, el cual se encuentra por encima de las conveniencias utilitaristas de los partidos, y que en el caso actual, exige, primordialmente un comportamiento que evidencie la independencia de la justicia y su servicio en la defensa del estricto cumplimiento de la legalidad.

Por ello, CCD denuncia “la pérdida de autoridad” que sufre a día de hoy la institución del Estado que representa a todo el colectivo englobado en la nación española, marcada por la falta de una conciencia y un buen hacer en la gestión pública que valore la primacía del interés nacional por encima de los particulares.

Así, CCD quiere “hacer pública su disconformidad y entero rechazo”, a la práctica habitual con la que se conducen los gestores de la cosa pública de este país, poco respetuosas con la justicia y la independencia de la misma, consistentes en nombrar jueces y fiscales para someter las decisiones de la justicia  sus particulares intereses. “Hoy ha sido el nombramiento afín y sumiso del Fiscal General del Estado, antaño fue la remoción del Fiscal Superior de la Región de Murcia o de jueces como De Castro o Alaya. Pero no sólo mediante la supresión de los mecanismos de control se advierte la interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. También el nombramiento de jueces adictos supone incorporar una barrera a dicha independencia que propicia la atracción de las voluntades o en definitiva la captación de las decisiones hacia los intereses de un partido político. En definitiva, el clientelismo judicial con el que se rompe el marco constitucional de independencia se presenta con prácticas tan poco convincentes como el nombramiento de teloneros adictos para presidir los Tribunales Superiores de Justicia y controlar las macro causas de la corrupción” añaden desde la coalición.

Desde CCD se propone una justicia independiente, para lo que es necesario, explican, acometer la reforma del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “reduciendo o eliminando el componente político que interviene en la elección de sus miembros y la ratificación por mayoría cualificada del Congreso del nombramiento del Fiscal General del Estado – del que no se puede olvidar que su función es defender el interés público, que no el interés del Gobierno o de la Administración Pública. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley… , así como velar por la independencia de los tribunales…“(art. 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal)”.

“Nuestra propuesta -ha indicado Félix Antonio Calleja, vicepresidente nacional de CCD y portavoz de su grupo político municipal Centristas CCD-CI en Aldeamayor de San Martin- es la devolver el espíritu de la ley a la composición de los órganos judiciales y que cumplan con su función de control de la legalidad y de garantía de los derechos del ciudadano. El TC debe estar formado por juristas de reconocida competencia que no hayan formado nuca en las lista electorales ni militado en ningún partido. Ya sean Magistrados, ya sean profesionales del Derecho”.

“Respecto dell Consejo Del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, -remarca David García presidente nacional de CCD- entendemos que debe corresponder su formación a la elección interna exclusivamente entre jueces y fiscales. Cuyo régimen de incompatibilidades debe primar por igual para todos, incorporando las previsiones de excluir a quienes se hayan dedicado a la política,en el caso de su retorno a la judicatura, de los cargos de responsabilidad gubernativa en el Poder Judicial y su organización”.

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