El PSOE de Aldeamayor saca adelante una moción pidiendo que que flexibilice la Ley de Contratos del Sector Público para los pequeños municipios
- Los socialistas recuerdan que la contratación pública de obras, bienes, servicios y suministros es una herramienta propia de las Administraciones Públicas que representa el 18% del PIB del conjunto de España además de generar empleo y riqueza
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El pasado 31 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Aldeamayor aprobó, con los votos de sus seis concejales y con los del PP y Cs, una moción presentada por el PSOE en la que se solicita al Gobierno de España se impulse la flexibilización de las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público para los pequeños municipios.
En concreto, el acuerdo aprobado por todos los ediles se concreta en solicitar al Gobierno de España que, previa la solicitud de informe a la FEMP sobre esta cuestión, impulse la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para flexibilizar sus disposiciones en relación con los pequeños municipios, atendiendo al respeto más absoluto de los principios de transparencia y buen gobierno, con el objetivo de conseguir una gestión más sencilla y eficaz de la contratación pública local.
En la exposición de motivos de la propuesta, los socialistas recuerdan que la contratación pública de obras, bienes, servicios y suministros es una herramienta propia de las Administraciones Públicas y produce un importantísimo impacto económico, social y medioambiental en nuestros pueblos y ciudades puesto que “representa el 18% del PIB del conjunto de España, genera empleo, oportunidades empresariales y fomenta un nuevo modelo productivo”.
En cuanto a los contratos menores, figura habitual en los ayuntamientos, en especial en los más pequeños, la nueva Ley (Ley 9/2017, de 8 de noviembre ) ha rebajado las cuantías, y multiplicado las exigencias y requisitos procedimentales, ralentizando con ello el ritmo de contratación administrativa y en consecuencia la gestión municipal.
Además, se prohíbe la contratación acumulada de varios contratos con la misma empresa por encima de 40.000 € en el caso de obras y 15.000 € en servicios, y se establece además que este tipo de contratos han de utilizarse sólo en caso de necesidades esporádicas e imprevistas que han de ser resueltas con celeridad.
Todo ello, explican desde el PSOE, está suponiendo un significativo aumento en la carga de trabajo de los funcionarios municipales, y una consecuente disminución en la calidad de los servicios que se prestan al ciudadano.
Los socialistas reconocen y ponen en valor el fin último que se ha perseguido con la aprobación de esta Ley, consecuencia inevitable de la transposición de la directiva europea en materia de contratación pública, “que no es otro que la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, objetivo que compartimos, pero lo cierto es que, después de casi un año de su entrada en vigor, se trata de una Ley que no agrada a casi nadie: ni a los empleados públicos, ni a los empresarios, ni tampoco a los cargos electos locales”.
Es por ello por lo que creen que es posible reformarla, simplificando la contratación pública de los pequeños ayuntamientos, con total respeto a los principios de transparencia y buen gobierno. Y también consideran que para llevar a cabo su modificación es preciso escuchar previamente la opinión de las organizaciones representativas de los intereses de las corporaciones locales, en especial la Federación Española de Municipios y Provincias.