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En el Término municipal de La Cistérniga (Valladolid), concretamente en la parcela 5006 del polígono 8, se ha proyectado una planta de residuos diseñada para acumular residuos orgánicos a la espera de procesarlos —principalmente estiércol y purines de la vaquería, además de otros residuos agrícolas y de la industria agroalimentaria— con una capacidad de almacén que supera las 50.000 toneladas de residuos al año. Son un volumen de residuos tal que van a venir de diferentes puntos para ser depositados a las puertas de las localidades de Cistérniga, Herrera, Laguna y Tudela

La plataforma denuncia que la instalación, lejos de ser una solución «verde», es una industria de alto impacto ambiental y riesgo tecnológico encubierta bajo la etiqueta de economía circular y un empleo minúsculo.  La propia autorización establece que el promotor acreditará con posterioridad al otorgamiento de la autorización el cumplimiento de las Mejores Técnicas Disponibles exigibles conforme a la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147.El colectivo vecinal constituido califica de «temeridad» la ubicación elegida, situada a apenas unos cientos de metros de núcleos habitados, lo que condenará a la población a convivir con malos olores crónicos, proliferación de plagas y un tráfico incesante de camiones de gran tonelaje cargados de desechos. La acreditación futura de requisitos esenciales pone de manifiesto que la Administración no dispone aún de una verificación completa del cumplimiento efectivo de dichas técnicas.

El punto que genera mayor alarma entre los vecinos y vecinas la plataforma es la vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos. «Estamos hablando del tratamiento de decenas de toneladas diarias de purines y residuos agroalimentarios. Cualquier fallo en la impermeabilización de las balsas o una filtración accidental supondría la contaminación irreversible de las aguas de las que dependen nuestros cultivos y nuestro suministro”.

Esta circunstancia pone de manifiesto que la viabilidad ambiental de la gestión del digestato no ha quedado plenamente acreditada en el momento de otorgar la autorización. No puede considerarse suficientemente evaluado un proyecto cuando uno de sus principales flujos deresiduos queda pendiente de justificación posterior.

Asimismo, recuerdan que el proceso de digestión anaeróbica genera grandes volúmenes de metano, un gas altamente inflamable y un potente gas de efecto invernadero. «Una planta que acumula y procesa estas cantidades de gas combustible a las puertas de nuestras casas representa un riesgo de seguridad e industrial que ninguna normativa debería amparar tan cerca de la población», añaden. Desde el colectivo hacen un llamamiento urgente a los vecinos de la zona afectada para movilizarse y que revoquen de inmediato los permisos.